La leve protección de los derechos y libertades de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

Recuerda Amnistía Internacional (28/6/2007) que la homosexualidad sigue perseguida por la ley en más de 70 países y en 8 puede suponer la pena de muerte.

En España los derechos y libertades de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT) han sido parcialmente reconocidos en los últimos años en algunos textos legislativos.

El cambio más conocido ha sido la modificación del Código Civil para permitir el matrimonio cuando ambos contrayentes son del mismo sexo, la llamada ley de matrimonio homosexual, o Ley 13/2005 de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio.

Dos años más tarde, en 2007, se aprobó la posibilidad de cambiar de nombre y sexo en el Registro Civil a partir de la llamada Ley de identidad de género o Ley 3/2007 de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas.

Estos avances, aunque discutidos, tienen un carácter leve y cubren únicamente una pequeña parte del gran vacío existente en materia de protección de derechos relativos a la orientación sexual y la identidad de género.

La lentitud con la que se van cubriendo estos vacíos queda reflejada, por ejemplo, en el hecho de que hasta la aprobación el 22 de marzo de 2007 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, no se había incluido la mención explícita a la discriminación laboral por orientación sexual en la Ley del Estatuto de los Trabajadores (RD 1/1995 de 24 de marzo). Otro ejemplo es la ausencia de una mención a la discriminación por la orientación sexual o la identidad de género en la Constitución.

Después de siete años impartiendo la materia Sociología de las Desigualdades en la Universidad de Alicante, la solicitud de la inclusión del análisis de las desigualdades relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género ha sido repetida curso tras curso. Esta omisión inexcusable se produce igualmente en los pocos informes oficiales existentes sobre las distintas formas de desigualdad y discriminación, en los programas de estudio de cualquier nivel de enseñanza, en el sistema estadístico (excepto para estudiar el VIH/SIDA), en la corriente principal de la investigación social y en las convocatorias públicas de proyectos de investigación. Tan sólo resulta visible en ocasiones en noticias de medios de comunicación y en las campañas promovidas por el propio colectivo.

Para ir cubriendo paulatinamente este vacío se irá presentando en este blog información sobre este tema y se programará este contenido en los próximos cursos. Toda sugerencia será bienvenida. En este sentido agradezco la iniciativa que la coordinadora LGBTQ de la Universidad de Alicante tuvo al presentar en clase su programa y actividades.

Por el momento, aprovecho la ocasión para invitar también a conocer la campaña que Amnistía Internacional viene desarrollando sobre minorías sexuales. Entre otros elementos me gustaría destacar el “Boletín Diversidad” que publica Amnistía Internacional sobre violación de los derechos humanos del colectivo LGTB, también en España, y la línea de acciones que desarrolla esta institución.

Doctor, ¿qué padezco?. Es usted pobre m’hijito.

El pasado miércoles 12 de marzo de 2008 se publicaron los resultados de la Encuesta Nacional de Salud de 2006 (ENSE). Los medios de comunicación han centrado la atención en la descripción de los interesantes indicadores de salud mental en la población española. Sin embargo, los datos presentados muestran también importantes desigualdades en salud por clase social.

Veamos algunos datos referidos al TABACO, la salud DENTAL o la DIABETES.

Es más fácil dejar de fumar para las personas en hogares en los que el/la “sustentador(a) principal” es cuadro directivo o desarrolla un profesión ligada a un título universitario (clase social I en la ENSE), que en aquellos hogares donde el principal puesto de trabajo es un profesión no cualificada (clase social V), en especial para las mujeres (el porcentaje de exfumadoras pasa del 21% en la clase I al 8% en la clase V).

La salud dental también está marcada igualmente por la clase social ocupacional. La presencia de caries es dos veces superior en la clase social V que en la clase social I, por dar un ejemplo.

La presencia de enfermedades como la diabetes crece progresivamente conforme pasamos de las clases ocupacionales más favorecidas, a los puestos de trabajo administrativos o cualificados, hasta llegar al trabajo sin cualificación.

La exploración de los datos publicados de la encuesta muestra que la clase social es un factor determinante del nivel de salud, de las posibilidades de atención médica especializada, de la exposición a riesgos para la salud y para mejorar los estilos de vida.

La mejor forma de mejorar los indicadores de salud de la población española sería acabar con estas desigualdades en salud, esto es, que todos los grupos convergieran en el nivel de salud de la población mejor situada. Para ello existen algunos instrumentos potentes: la mejora de la salud laboral, la orientación de los servicios sanitarios para atender la salud de la población en función de las necesidades, la mejora de las condiciones de vida material de los que viven en la pobreza, el trabajo en las escuelas, y otros múltiples mecanismos. Quien esté interesado puede acudir al importante trabajo de reflexión de la Comisión para el estudio de los determinantes sociales de la salud de la Organización Mundial de la Salud y trabajemos para que en el próximo debate electoral este sea uno de los temas centrales: la política debe ser un recurso renovable y en expansión

Las mismas mujeres en el Parlamento

En las elecciones de 2008 al Congreso de los Diputados han sido elegidas 126 diputadas, las mismas que en la pasada legislatura (las mujeres quedarían a 50 escaños de ser mayoritarias en el Congreso).

Estos son los resultados por partidos:

PSOE, gana cinco diputados y pierde cuatro diputadas (se queda con 71).

PP avanza seis escaños, con lo que entra una mujer más más en su grupo parlamentario (pasa a tener 46).

IU, ICV, PNV y EA se quedan sin diputadas.

CIU, que contaba con una diputada, pasa a tener cuatro.

CC cuenta con una diputada, Ana María Oramas, al igual el BNG, María Olaia Fernández, que el partido de Rosa Díez (UPyD), María Nuria Buenaventura (ERC) y Uxue Barkos de Nafarroa Bai.

¿A qué se debe este resultado?

A) La forma en que los partidos políticos han aplicado la Ley de Igualdad.

B) Factores sociales que condicionan la participación de las mujeres en los partidos.

C) La conciliación de la vida política y la vida personal.

A) La Ley de Igualdad, en su disposición adicional segunda, establece un mínimo de un 40% de hombres o mujeres en cada lista electoral, proporción que se debe mantener para cada tramo de cinco puestos, es decir, entre los cinco primeros candidatos debe haber al menos dos hombres o dos mujeres.

Este tipo de previsión, en un contexto como el de España, en el que una gran mayoría de provincias elige menos de 6 escaños, que se reparten entre dos partidos, con listas cerradas, provoca que en los puestos de salida predominen fundamentalmente los hombres. La razón por la que predominan los hombres debe buscarse en la propia voluntad de los partidos a la hora de confeccionar las listas, pero también en factores sociales que dificultan la participación de las mujeres en la dinámica de los mismos.

B) Factores sociales que limitan la participación de las mujeres en los partidos.

Todos los partidos cuentan con una mayor presencia de militantes varones que mujeres. En este sentido, el verdadero reto sería conseguir un nivel paritario de participación en los partidos. La mayor presencia masculina se puede explicar por el hecho de que la militancia en un partido, para la persona que no desempeña ningún cargo electo (Parlamento, Ayuntamiento, Diputación, etc.), supone añadir una nueva actividad a las que ya pueden estar desempeñando. Así al trabajo remunerado, los estudios, el cuidado de menores o de personas dependientes o las tareas domésticas habría que añadir las reuniones, actos de campaña, actos sociales y festivos y, en general, el trabajo que supone proporcionar apoyo a un partido político. Puesto que las mujeres todavía acumulan más actividades que los hombres (trabajo remunerado y sin remunerar), añadir estas funciones puede ser para muchas de ellas algo sencillamente imposible. Además estos actos suelen tener un horario vespertino y hasta nocturno, es decir, un horario completamente incompatible con funciones como la atención a los menores.

El problema de la militancia de base es que el que no sigue el ritmo de los actos previstos nunca será elegido. Para contar hace falta participar en todos los actos del partido, para así construir los apoyos necesarios para ser elegido y/o realizar un trabajo visible por el partido que permita ganar prestigio dentro de él. Si nos vamos antes de las reuniones o si llegamos tarde, nos perdemos la ocasión de aprovechar las conversaciones informales en los recesos o después tomando unas copas, en las que se construyen las posibilidades de estar en puestos de salida. Por supuesto, habría que añadir otros factores y criticar los aquí argumentados (y puesto que aquí debería ser breve, se deja la puerta abierta para comentarios en el blog).

C) La conciliación de la vida política y la vida personal.

¿Qué obstáculos puede haber para que una mujer no desee ser diputada?. Por supuesto que hay mujeres que quieren serlo, pero muchas de ellas encuentran importantes obstáculos si no se dan las circunstancias adecuadas. Por ejemplo, en qué medida es conciliable un trabajo de prácticamente 24 horas con la vida personal. Creo que no es exagerado hablar de que el trabajo en la política profesional exige 24 horas. Piénsese en primer lugar, en que la persona se debe desplazar a Madrid, lo que obliga a la separación familiar, en segundo lugar, en la frecuencia de los viajes, y en tercero, sin ser exhaustivos, porque a la actividad parlamentaria se ha de sumar la actividad como militante si se quiere seguir siendo elegible. Queda muy poco espacio para la vida personal, para la realización profesional, para el contacto con los hijos. Estos problemas los encuentran también los varones, pero nuestra experiencia vital y las expectativas que construimos socialmente, nos hacen interpretar una situación igual de forma diferente si somos mujeres u hombres. Donde unos pueden ver una oportunidad de desarrollo de un proyecto, de realización o de satisfacción de la necesidad de reconocimiento social (status), sin costes, otras pueden plantearse que para conseguir esos objetivos, también hay que renunciar a otros. Donde unos pueden contar con el apoyo de una incansable compañera, otras pueden encontrarse solas ante el desafío. Aunque, por supuesto, para esto también hay excepciones.

¿Cómo aumentar la participación de las mujeres en la vida política?

De lo dicho se extraen algunas conclusiones:

- Mayor voluntad activa por parte de los partidos para situar a las mujeres en puestos elegibles o cambiar las reglas del juego de forma relevante (por ejemplo, con listas abiertas).

- Elaboración por parte de los partidos políticos de acciones específicas para facilitar la militancia de mujeres que consideren, entre otros factores, el peso de la agenda informal y formal de trabajo para militantes y aumentar los mecanismos formales sobre los informales a la hora de elegir quien forma parte de las listas.

Pero si miramos a las raíces del problema, habrá que conseguir un modelo laboral (ya sea como políticos o en cualquier otra actividad) en el que lo laboral no sea extensible hacia el infinito. Parece absurdo recordarlo, pero de lo que se trata es de respetar el descanso de los fines de semana, contar con días de vacaciones suficientes, que la jornada (sea política o laboral) tenga una hora de inicio y otra de finalización e, incluso, por qué no, aprovechar las tecnologías de la información con el objetivo de reducir los desplazamientos (lo que también ayudará a reducir la emisión de CO2). Es muy tópico: trabajar para vivir o vivir para trabajar. Igualmente, parece necesario considerar que las labores de cuidado de menores y dependientes o las tareas domésticas no son femeninas, ni masculinas, sino, perdonen la broma, todo lo contrario, esto es, no nos sirve ninguna de la ideas que actualmente tenemos para organizar el trabajo (ya sea remunerado o sin remunerar).

Fuentes:

“Lista de Diputadas”. El Mundo, 10 de marzo de 2008. Edición digital [visitado 11/03/2008]: http://www.elmundo.es/especiales/2008/02/espana/elecciones2008/diputadas/diputadas.html

“Ni una mujer más en el Congreso”, El País, 10 de marzo de 2008. Edición digital [visitado: 10/03/2008]: http://www.elpais.com/articulo/espana/mujer/Congreso/elpepuesp/20080310elpepinac_41/Tes

LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. BOE, de 23 de marzo de 2007. http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/06115

3. Medidas para la integración (las empresas ganan a los políticos)

Los debates electorales entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy no fueron foros en los que se explicasen medidas sociales para la integración con y de los inmigrantes. Ambos candidatos, en su disputa por el voto indeciso, al que visualizan como xenófobo, prefirieron mostrar una actitud beligerante ante la inmigración irregular, explicando que no se realizarán nuevas regularizaciones, que se combatirá la entrada por vía irregular y presentándose (ambos) como los campeones de la expulsión.

Me despierto, sin embargo, hoy con un anuncio de radio de una Caja de Ahorros local empleando como principal argumento publicitario que orienta su obra social hacia los inmigrantes. Esa misma Caja de Ahorros, junto con otras que actúan en mi provincia, señalan públicamente que los inmigrantes, a quienes prefieren llamar "clientes internacionales" protagonizan las altas de nuevos clientes. Las cajas y bancos se han preocupado igualmente por desarrollar servicios específicos para atraer esta nueva clientela (como la posibilidad de enviar remesas a través de los cajeros electrónicos) y abren continuamente oficinas en las que se aumenta el número de empleados capaces de atender en múltiples idiomas.

Del mismo modo, observo como las campañas publicitarias de compañías de telecomunicaciones se dirigen de forma explícita a estos nuevos mercados. Por su parte, líneas áreas como Iberia consiguen beneficios, gracias entre otros factores a las rutas de radio largo en especial con América Latina (frente a las pérdidas de pasajeros en los vuelos domésticos).

El negocio inmobiliario, mucho más frío que hace unos años, empieza a realizar estimaciones sobre el número de viviendas que pueden vender a población inmigrante, y a contratar como comerciales a inmigrantes que sean capaces de llegar a la clientela de distintas nacionalidades.

Por su parte, las compañías de televisión de pago (satélite y cable), añaden progresivamente a su oferta nuevos canales a la búsqueda de clientes latinos, de Europa del Este, árabes, incluso orientales.

Las radios y algunas televisiones abren espacios y programas pensados específicamente para esta nueva audiencia. Incluso la prensa escrita, desarrolla nuevas secciones, en especial en sus ediciones digitales, para llegar al inmigrante.

Los que somos aficionados a la cocina exótica, vemos crecer en los supermercados las secciones dedicadas a productos de los distintos continentes, incluso aquellos con escasa aceptación para el gusto autóctono. Cualquier estudiante de marketing sabe lo que cuesta contar con un espacio en una estantería de una gran superficie para tu marca. Y ahí está la quinua andina y se vende. Porque no es que el cliente argentino se mate por "el mate", pero compra donde se vende mate.

En definitiva, parece que las empresas comerciales ganan la iniciativa de la integración a los responsables políticos, porque sólo las empresas que no se guían por el beneficio, están dispuestas a olvidar (no integrar) este importante mercado. Por lo visto, quizá los políticos sean los únicos que puedan permitirse ir en contra del beneficio colectivo. En el debate, no sólo se perdió la ocasión de promover un discurso integrador, pensando en las necesidades educativas y sanitarias de los que vivimos en España (autóctonos y extranjeros) o en cómo organizar el crecimiento demográfico en nuestras ciudades. También se desaprovechó la oportunidad para explicar cómo se va a orientar la aportación que la población inmigrante realiza a la economía como mano de obra, como consumidores y cotizantes a la seguridad social.

2. Medidas para la integración

El Constitucional acaba de reconocer el derecho de la población extranjera, con permiso de residencia o sin él, a la libertad de sindicación, reunión y asociación.

El Constitucional revocó ayer (8/11/2007) tres artículos (el 7.1, 8 y 11.1) de la Ley de Extranjería del año 2000 (Ley 4/2000).

De esta manera se resuelve el recurso interpuesto por el Parlamento de Navarra contra dichos artículos.

También se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita cuando acrediten insuficiencia de recursos económicos y el derecho a la educación de naturaleza no obligatoria (hasta ahora sólo se reconocía el derecho a la educación obligatoria), en ambos casos, en iguales condiciones que la población española.

Con esta medida se garantiza el reconocimiento de derechos civiles básicos, esto es, los que defendería cualquier liberal y se conseguirá mejorar las oportunidades educativas y las de participación social y defensa de derechos laborales.

Otras entradas de la serie “Medidas para la integración con y de la población inmigrante”:

1. El voto en las elecciones municipales.

¿Somos racistas?

El Observatorio Español del racismo y la xenofobia ha realizado una encuesta a la población española sobre el racismo. La encuesta ha sido elaborada por el Instituto de Estudios Sociales de Andalucía y fue presentada el 27 de marzo de 2007 por Consuelo Rumí, Secretaria de Estado de Inmigración.

Este tipo de encuestas tiene un interés indudable, pues permite realizar una valoración general sobre las actitudes de la población hacia las minorías (en este caso, sólo los inmigrantes, pues no se pregunta sobre el pueblo gitano).

Los resultados son muy interesantes en la medida que permite observar en qué espacios la discriminación y el racismo son más notables (por ejemplo, a la hora de alquilar una vivienda) o que existe aceptación de la población inmigrante, siempre y cuando "desempeñen trabajos que los españoles no quieren hacer".

En estas encuestas se trata de descubrir problemas de racismo y discriminación preguntando al colectivo que supuestamente lo ejerce. Como digo, la perspectiva es útil, pero problemática. ¿En qué medida son fiables estas respuestas?. ¿Cuántos contestan realmente lo que piensan y cuántos contestan lo que deben decir?. Probablemente con estos instrumentos se detecta más el discurso socialmente deseable que el discurso realmente disponible.

Por lo que se observa en los resultados de la encuesta, el discurso socialmente deseable es generalmente no racista (neutro), pero son pocos los ciudadanos que responden desde posturas activas para promover la integración de los inmigrantes.

En este sentido abogaría por dos elementos para próximas encuestas:
- Diseñar preguntas para detectar actitudes y comportamientos activos para favorecer la integración con y de los inmigrantes.
- Preguntar a los propios inmigrantes si se sienten víctimas de forma de discriminación y racismo.

En una pequeña encuesta que realizamos en la Universidad de Alicante a ecuatorianos residentes en la provincia de Alicante (próxima publicación), preguntamos precisamente por la percepción de discriminación.

Un 45% señalaba haber sido víctima de discriminación en la calle o en un lugar público, un 38% al buscar empleo, un 34% en el trabajo, 29% en la escuela, un 23% en restaurantes o tiendas. La discriminación más baja se encontraba en los servicios sanitarios (12%), con la policía y funcionarios públicos (11%) y en los bancos (12%). Pareciera que las instituciones públicas y financieras, excepto la escuela, son menos racistas que la población española.

Otras personas entrevistadas, otra perspectiva.

Sería interesante repetir esto con otros grupos de inmigrantes, que probablemente reciben una mayor presión social (marroquíes, gitanos rumanos, etc.).

Pobres muy pobres

De acuerdo con los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, y aplicando la medición de pobreza que propone Eurostat (tener menos del 60% de la mediana del ingreso), las personas con menos de 6279 euros al año por unidad de consumo en el hogar serían pobres en España.

En el caso de los hogares con dos personas adultas el umbral de pobreza se situaría en 9418 euros. Esto es debido a que Eurostat tiene en cuenta las economías de escala (los gastos compartidos) por el hecho de vivir juntos. La cifra varía por tanto en función de la composición del hogar. Cuando viven juntos dos adultos y dos menores el umbral de pobreza se sitúa en 13.185 euros.

De acuerdo con esta medición un quinto de los hogares españoles está en situación de pobreza, la cifra calculada es 19.9%. El riesgo de pobreza es mayor para las mujeres, en la infancia, para la población mayor de 65 años, según desciende el nivel de estudios, en los hogares unipersonales y en los monoparentales, en áreas rurales, entre los parados, entre los empleados en puestos de baja cualificación.

Si observamos los niveles de ingresos entre los clasificados como pobres (véase la tabla), se observa que un 20% (4% de la población total) cuenta con menos de 3117 euros al año, esto es, menos de 260 euros al mes.

Un 50% de los clasificados como pobres (10% de la población de España) tiene menos 4581 euros al año (380 euros al mes).

Como se puede observar se trata de niveles ínfimos para el nivel de precios de España.

¿Se puede vivir con esos ingresos?

Fuente de los datos: INE (2006) Estudio descriptivo de la pobreza en España. Resultados basados en la Encuesta de Condiciones de Vida de 2004. Madrid: Instituto Nacional de Estadística. En línea, visitado 11/10/2007